Vladimir Moss
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El clímax de las Cruzadas fue, sin lugar a dudas, la Cuarta
Cruzada de 1204, que desembocó en el saqueo de Constantinopla en una auténtica
orgía de barbarie, y en la imposición de un emperador y un patriarca latinos en
el trono de Santa Sofía. El papa de aquel tiempo era Inocencio III,
probablemente el pontífice más poderoso y abiertamente imperialista de la
historia.
Sus pretensiones imperiales quedaron claras ya en la
ceremonia de su entronización: “Recibe esta tiara — proclamó el archidiácono —
y sabe que eres Padre de príncipes y reyes, señor del mundo, vicario en la
tierra de nuestro Salvador Jesucristo, cuyo honor y gloria permanecerán por los
siglos”. [1]
Y tampoco Inocencio, en privado, suavizaba la fuerza de
estas pretensiones proclamadas públicamente. Pues — decía — «Somos los
sucesores del Príncipe de los Apóstoles, pero no su vicario; tampoco lo somos
de ningún hombre o apóstol. Somos el vicario de Jesucristo ante el cual todo el
mundo debe inclinarse.»[2]
Pero ¿ante Cristo o ante el Papa decía la Escritura que todos debían inclinarse?
[3]Para
los papistas, la diferencia carecía de importancia: el Papa había sustituido ya
a Cristo en la Iglesia romana.
Inocencio formuló una doctrina novedosa, conocida como la
teoría del ratione peccati («por razón del pecado»), que le permitía
intervenir en los asuntos seculares y juzgar disputas entre gobernantes
temporales siempre que, a su juicio, hubiera pecado de por medio. Determinar si
el pecado estaba presente en un caso concreto quedaba enteramente en manos del
Papa; aunque todavía no se había llegado a considerarlo personalmente libre de
pecado. Y
puesto que, como es generalmente admitido, el pecado está en todas partes,
Inocencio intervino con energía sobre toda la Cristiandad. Conforme a esta
enseñanza, intervino también con vigor en la elección de los emperadores
germánicos del Sacro Imperio Romano. Así, eligió a Otón IV porque éste prometió
cumplir todo cuanto él le ordenase. Otón fue entonces coronado «rey de los
romanos, electo por la gracia de Dios y del Papa». Sin embargo, en menos de un
año fue excomulgado…
Inocencio no se mostró menos despótico en sus relaciones con
los demás monarcas de Occidente. Cuando el rey Juan de Inglaterra entró en
desacuerdo con él sobre quién debía ocupar el arzobispado de Canterbury, el
papa, decidido a doblegar la resistencia del rey, sometió a todo el reino a un
interdicto durante seis años. Excomulgó a Juan[4],
lo depuso del trono y le sugirió al rey Felipe Augusto de Francia que invadiera
y que conquistara a Inglaterra. Juan recurrió entonces a la mediación papal
para salvarse de Felipe. Juan apeló a la mediación papal en aras de librarse de
Felipe. La obtuvo, pero a un precio: la restitución completa de los fondos y
tierras eclesiásticas, la enfeudación perpetua de Inglaterra e Irlanda[5]
al papado y el pago de una renta anual de mil marcos. Sólo cuando se hubo
pagado todo el dinero se levantó el entredicho y — como observa De Rosa con
ironía — «con la benévola autorización del papa Inocencio III, Cristo pudo
volver a entrar en Inglaterra».[6]
Esto, sin embargo, enfureció al rey Felipe; pues ahora se le
ordenaba abandonar sus preparativos de guerra, dado que no se le permitía
invadir lo que ya no era suelo inglés, sino suelo papal. Además, la rendición
abyecta de Juan ante el Papa y el juramento de fidelidad que le prestó
suscitaron los temores de los barones ingleses, cuyas demandas desembocaron en
la célebre Magna Carta de 1215, generalmente considerada como el inicio
de la democracia occidental moderna. De este modo, el despotismo papal dio
origen a los comienzos de la democracia parlamentaria…
La Magna Carta limitaba el poder del rey, no el del
Papa. Sin embargo, también afectaba al papado: primero, porque el reino de
Inglaterra se suponía que era un feudo papal; y, sobre todo, porque establecía
un precedente peligroso y revolucionario que podía volverse en contra el propio
Papa. Por lo que, el papa Inocencio III, «en virtud de la plenitud de su poder
ilimitado», condenó la carta como «contraria a la ley moral», la declaró «nula
y sin validez alguna para siempre», liberó al rey de la obligación de cumplirla
y excomulgó a «todo aquel que persistiera en mantener tales pretensiones
traicioneras e inicuas».
Pero el arzobispo Stephen Langton de Canterbury, invirtiendo
la posición fanáticamente papista de su predecesor, Thomas Becket apenas medio
siglo antes, se negó a publicar la sentencia. Y la razón que dio fue muy
significativa: «La ley natural obliga por igual a los papas, príncipes y
obispos: no hay escapatoria posible. Está más allá del alcance del propio
Papa».[7]Volveremos
sobre este concepto de ley natural, que planteaba un desafío de la mayor
importancia a las pretensiones del papado…
Inocencio intervino
también en Francia cuando, en 1209, otorgó estatus jurídico de cruzada a una
expedición dirigida contra los herejes cátaros (albigenses). En Muret, en 1213,
los cruzados católicos del norte de Francia derrotaron a los cátaros del sur, y
tras ello se desencadenaron una terrible persecución inquisitorial[8]
y un sangriento derramamiento de sangre. Los cruzados contaban con la
compañía y el apoyo de «san» Domingo, el verdadero fundador de la Inquisición.
De hecho, como señala Ehrenreich, «las cruzadas contra los herejes europeos
representaron la culminación de la fusión entre Iglesia y fuerza militar… A
cambio de indulgencias, los caballeros del norte de Francia “desollaron
Provenza [hogar de los cátaros], colgando, decapitando y quemando ‘con
indescriptible alegría’”. Cuando cayó la ciudad de Béziers y se le preguntó al
legado papal cómo distinguir a los cátaros de los católicos ordinarios, éste
dio su célebre respuesta: “Matadlos a todos; Dios reconocerá a los suyos…”».[9]
Esta matanza fue legalizada por el Cuarto Concilio de Letrán
de 1215, que proclamó justo y obligatorio dar muerte a los herejes: «Si un
señor temporal no cumple con la exigencia de la Iglesia de limpiar su
territorio de esta contaminación herética, será excomulgado por el
metropolitano y los demás obispos de la provincia. Si no repara su falta dentro
del año, el hecho será comunicado al Sumo Pontífice, quien declarará a sus
vasallos liberados del deber de fidelidad y ofrecerá su territorio a los
católicos. Éstos exterminarán a los herejes, tomarán posesión de la tierra sin
oposición y la mantendrán en la verdadera fe… Los católicos que asuman la cruz
y se consagren al exterminio de los herejes disfrutarán de la misma indulgencia
y privilegio que quienes van a la Tierra Santa…».[10]
La justificación teológica para el exterminio de los herejes
fue formulada algunos años después por Tomás de Aquino: «Hay un pecado que
merece no sólo la separación de la Iglesia mediante la excomunión, sino también
la exclusión del mundo mediante la muerte. En efecto, es mucho más grave
corromper la fe, de la que depende la vida del alma, que falsificar la moneda,
por la cual se sostiene la vida temporal. Por ello, si los falsificadores de
moneda u otros malhechores son justamente ejecutados de inmediato por los
príncipes seculares, con mayor justicia aún los herejes, una vez convictos,
pueden ser no sólo excomulgados, sino también condenados a muerte».[11]
La Inquisición fue establecida oficialmente por el Papa en
1233. La tarea de erradicar la herejía fue encomendada a los dominicos, quienes
podían recurrir a las autoridades seculares si era necesario.[12]
Sólo había un veredicto posible: culpable. Ya que, de acuerdo con el Libro
Negro de los inquisidores, «si, pese a todos los medios [de tortura]
utilizados, el infortunado continúa negando su culpa, debe considerársele una
víctima del diablo y, como tal, no merece compasión… es un hijo de perdición.
Que perezca entre los condenados».[13]
La Inquisición se hizo especialmente célebre en España donde
«como estimaba Llorente, secretario de la Inquisición en Madrid entre 1790 y
1792, en su Historia de la Inquisición hasta su época unas treinta mil
personas habían sido condenadas a muerte…Durante el reinado del rey Felipe II, el
esposo español de María Tudor, se calculó que las víctimas de la Inquisición
superaron por varios miles, a la de todos los cristianos que padecieron
persecución bajo los emperadores romanos...».[14] [15]
Y, sin embargo, la España ortodoxa
anterior al cisma del siglo XI había abandonado ya —según Guizot — «el
juramento de los compurgatores, o el combate judicial»[16]
reemplazándolos por «la prueba basada en testigos y una investigación racional
del caso, tal como corresponde a una sociedad civilizada».[17]
En efecto, como señala de Rosa, «la Inquisición no fue sólo
un mal a la luz del siglo XX; lo fue también en comparación con los siglos X y
XI, cuando la tortura estaba prohibida y se le daba garantía a los hombres y
mujeres de un juicio justo. Lo fue incluso en comparación con la época de
Diocleciano, pues entonces nadie era torturado ni muerto en nombre de Jesús
crucificado».[18]
El Cuarto Concilio de Letrán, que congregó a obispos y
representantes de todas las potencias de Europa y del ámbito mediterráneo,
constituye el momento culminante del despotismo papal. En él, todos los
decretos del Papa fueron aprobados sin la más mínima oposición ni discusión,
conforme a las palabras de Inocencio: «Todo clérigo debe obedecer al Papa,
incluso cuando éste ordena lo que es malo; porque nadie puede juzgar al Papa…».[19]
Cinco siglos más tarde, la Iglesia romana continuaba
enseñando la misma doctrina. Así lo expresa el cardenal Roberto Belarmino en su
De Romano Pontífice: «El Papa es el juez supremo en materia de fe y de
moral… Aun cuando el Papa errase imponiendo pecados y prohibiendo virtudes, la
Iglesia estaría obligada a considerar los pecados como bienes y las virtudes
como vicios; de lo contrario, pecaría contra la conciencia».[20]
Así, la Iglesia romana declaró de manera consciente y
completamente abierta que la verdad deja de ser verdad, y el bien deja de ser
bien, si así lo decreta el Papa. Más tarde, durante la Reforma, el Papa sería
sustituido por cada creyente individual como árbitro último de la verdad y del
bien, a pesar de que cada creyente individual pueda tener una opinión distinta.
Es de este modo que tanto católicos como protestantes negaron el único «pilar y
fundamento de la verdad», «la Iglesia del Dios vivo» (1 Timoteo 3,15), es
decir, la Iglesia Ortodoxa.
[1] Peter de Rosa, Vicars of
Christ, Londres: Bantam Press, 1988, p. 67.
[2] R.H.C. Davis, A History of Medieval
Europe, Harlow: Longman, pág. 309.
[3]
Nota de Traductor – El texto en ingles dice “vicar of Jesus Christ
Himself before whom every knee shall bow”, traducido literalmente sería como
“vicario del Mismo Jesucristo ante cual toda rodilla tiene que doblarse”, esta
extraído – evidentemente – de Filipenses 2:10, donde dice, según la versión
Reina Valera (1960): “para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de
los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra”. Hemos
traducido “toda rodilla tiene que inclinarse” como “todos el mundo debe
inclinarse” para darle más fluidez al texto.
[4]
N. de T. – se refiere al rey Juan sin Tierra, o también conocido como
Juan Lackland.
[5]
En 1152, el papa inglés Adriano IV, mediante su bula Laudabiliter,
recordó al rey de Inglaterra Enrique II tanto Irlanda, como todas las islas,
pertenecían a san Pedro y a la Iglesia romana, en conformidad con la Donación
de Constantino. En consecuencia, otorgó su bendición para que Enrique
invadiera Irlanda, con el propósito declarado de extender los límites de la
Iglesia, extirpar el vicio e infundir la virtud. Sobre Adrián, Juan de
Salisbury escribió en su obra Metalogicus (1156) lo siguiente: «A mi
solicitud concedió Irlanda a Enrique II, el ilustre rey de Inglaterra, para que
la poseyera por derecho hereditario, tal como aún hoy lo atestigua su carta. Pues
toda Irlanda, por derecho antiguo, según la Donación de Constantino, se
consideraba perteneciente a la Iglesia romana, fundada por él». Enrique ejecutó
esta concesión en 1172 al invadir Irlanda. Véase Michael Richter, «The First
Century of Anglo-Irish Relations», History, vol. 59, n.º 196, junio de
1974, pp. 195–210.
[6]
De Rosa, op. cit.,
p. 71.
[7]
De Rosa, op. cit.,
p. 72.
[8]
N. de T. – El término “inquisitorial” se emplea aquí en su sentido
etimológico y procesal (inquisitio), no para designar la Inquisición
pontificia formal, como se verá más adelante en este escrito la Inquisición fue
institucionalizada a partir de la década de 1230.
[9] Ehrenreich, Blood Rites, London:
Virago Press, 1998, p. 172
[10] Henry Bettenson and Chris
Maunder, Documents of the Christian Church, Oxford
University Press, third edition, 1999, pág. 147. Esta ferocidad
contrasta con las palabras del obispo ortodoxo Wazon de Lieja, escritas hacia
1045 al obispo de Châlons: «No hemos recibido autoridad para segar esta vida
con la espada secular a aquellos a quienes nuestro Creador y Redentor quiere
que vivan, a fin de que puedan liberarse de las asechanzas del diablo… Los que
hoy son nuestros adversarios en el camino del Señor pueden, por la gracia de
Dios, llegar a ser mejores que nosotros en la patria celestial… Nosotros, que
recibimos el nombre de obispos, no hemos recibido la unción del Señor para dar
muerte, sino para dar vida» (en Comby, op. cit., p. 167).
[11] Tomas de Aquino, Summa Theologica, ii.
Q. xi; en Bettenson & Maunder, op. cit., pp. 147-148.
[12] Michael Baigent and Richard Leigh, The
Inquisition, London: Penguin, 1999, pp. 20-21.
[13]
De Rosa, op. cit., p.
164.
[14]
De Rosa, op. cit., p. 171.
[15]
N. de T. – Según las estimaciones - hoy discutidas - de Llorente,
secretario de la Inquisición a fines del siglo XVIII, hasta su tiempo unas
treinta mil personas habrían sido ejecutadas… En esa misma línea polémica, se
afirmaba que, durante el reinado de Felipe II, las víctimas de la Inquisición
superaron en varios miles a los cristianos perseguidos bajo los emperadores
romanos.
[16]
N. de T. – Es interesante observar a propósito del caso español y de este
procedimiento de “combate judicial” lo siguiente: Existe un hecho poco conocido
en la historia de la península ibérica, en concreto un episodio acaecido
durante el periodo del rey Alfonso VI de León (segunda mitad del siglo XI), cuando
se intentó suprimir el rito mozárabe (de origen ortodoxo) para imponer el rito
romano (gregoriano), en consonancia con la reforma papal. Los defensores del
rito mozárabe (la antigua liturgia hispano-visigoda), y los partidarios del
rito romano, recurrieron a un procedimiento que hoy parece arcaico: un “juicio
de Dios” es decir, un “combate judicial”. Según las crónicas tradicionales: el
campeón del rito mozárabe venció en el combate. Es decir; según el propio
criterio de la época, Dios había fallado a favor del rito mozárabe. A pesar del
resultado del combate, Alfonso VI impuso igualmente el rito romano. En algunas
versiones del relato: también se menciona una prueba por el fuego (ordalía).
[17] François Guizot, The
History of Civilization in Europe, London: Penguin Books, 1997, p. 60.
[18]
De Rosa, op. cit., p. 177.
[19]
De Rosa, op. cit., p. 73.
[20]
De Rosa, op. cit., p. 52.
